Por: ArianaMitta / Arturo Grau / Jessica Castro / María Berru / Marcelo Sulsenti / Stephani Paliza

El Perú es percibido en el escenario internacional como un país políticamente inestable, esto debido principalmente a que desde las últimas elecciones generales, celebradas en el 2016, el país ha tenido cuatro presidentes –Pedro Pablo Kucynzki (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (10 al 15 de noviembre de 2020) y Francisco Sagasti (2020-actualidad)– y dos Congresos electos –(2016-2019) y (2020-actualidad)–. Este 11 de abril, el Perú celebrará un nuevo proceso electoral general ordinario, en el cual la población peruana elegirá al siguiente presidente de la República, miembros del Parlamento y representantes al Parlamento Andino, existiendo una gran expectativa por los resultados, ante la grave crisis política, económica, social y sanitaria que viene atravesando el país. Actualmente, son 5 candidatos presidenciales quienes vienen liderando las encuestas, estando presente la derecha y la izquierda tanto en sus variables progresistas y conservadoras como populistas, existiendo un escenario de gran incertidumbre en el país. De cara a este nuevo proceso electoral, en el presente artículo se busca describir cuáles son las principales causas de la inestabilidad política en el Perú, así como reflexionar sobre las condiciones necesarias para que el nuevo gobierno pueda restaurar la gobernabilidad adecuada al país.

Principales causas de la inestabilidad

Partidos Políticos 

En los últimos tiempos se ha agudizado el malestar de la población peruana con respecto a la clase política y al sistema político en general, difundiendo dudas sobre la funcionalidad del actual régimen democrático. A este tema el politólogo del Instituto de Estudios Peruanos Jorge Aragón (2016) ha dedicado el estudio “¿Elecciones como elemento de democracia?: Los problemas de las reglas, la demanda y la oferta política en el Perú”, donde precisa cómo, si bien desde 2001 ha existido continuidad en los procesos electorales se percibe que éstos no están realmente ayudando a la situación política actual peruana, por lo que se quedan cortos para que se hagan efectivas las ventajas de vivir en un régimen democrático.

¿Pero, cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo la confianza de la población peruana hacia los partidos políticos, representantes del multipartidismo y en teoría exponentes de un estilo de vida pluralista y democrático, ha decaído de esta forma? Tres factores pueden dar respuesta a esto: (i) las condiciones en las que se dan los procesos electorales, en los que se puede notar la fuerte desigualdad a nivel nacional entre diferentes grupos; (ii) el hecho de que, a pesar de la no existencia de institucionalización de partidos políticos, el actual sistema político peruano es funcional y beneficioso sólo para algunos actores y élites; y (iii) un notable cambio en la composición de la clase política peruana, donde a políticos con cada vez menos experiencia previa, se suman políticos que desconocen la importancia de tener partidos e invertir en ellos para el funcionamiento del sistema democrático (Aragón, 2016).

Surge también otra pregunta: ¿cuándo empezó este fenómeno de ausencia de partidos? Los autores Mauricio Zavaleta y Steven Levitsky (2016), afirman que en el Perú los partidos desaparecieron desde 1990 y, en estos últimos años, todos los intentos de reconstrucción partidaria han sido vehículos personalistas, trayendo como consecuencia pobres niveles de elección, donde por quiénes se vota no son partidos sino coaliciones de independientes cuyos miembros buscan el éxito electoral, pero sin vocación a la continuidad, sin lograr formar una marca partidaria coherente, como si se da en otros gobiernos democráticos. 

Corrupción

Al Perú la corrupción le impide crecer en diversos aspectos y esto lo perciben los peruanos como el principal problema en los últimos 50 años de historia del país, según la Encuesta Nacional de Valores y Ciudadanía 2020, siendo una causa permanente y preocupante que año tras año contribuye en gran medida a la inestabilidad política tanto nacional como internacionalmente. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020), el 83% de peruanos no perciben confiable al Poder Judicial y, más específico, aproximadamente el 72% de ciudadanos desconfía de la Procuraduría Anticorrupción. 

El hecho que los peruanos señalen a la corrupción como el problema principal del país y generador constante de inestabilidad política es un reflejo del comportamiento que dejan los últimos jefes de estado, la historia tiene desde un suicidio para impedir una detención, hasta presidentes presos, un prófugo y un gran número de investigaciones. presidentes como Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucynski, Martin Vizcarra y Manuel Merino, todos o están presos o afrontan investigaciones que responden a acciones ejecutadas durante sus gobiernos. Centrándonos solo en los últimos 5 años, el Perú ha tenido 4 presidentes.

Como se mencionaba anteriormente, la corrupción impide al Perú crecer, si hablamos en cifras, Nelson Shack, Controlador General de la República, expresó que solo en el 2019 el país perdió un aproximado de 23 mil millones de soles debido a la corrupción, en otras palabras, el país antes de la pandemia que, también desencadenó nuevamente una crisis política y sanitaria, perdió el 15% de su presupuesto anual. 

Al parecer la corrupción es un problema estructural e institucionalizado en diversos sectores del país y a diferentes escalas que, finalmente, terminan perjudicando el desarrollo del Perú a nivel interno y externo.  

Crisis durante la pandemia

Es bien sabido que la pandemia de la Covid-19 ha generado un impacto negativo a nivel mundial, sin embargo, el Perú continúa en una situación desastrosa debido al inadecuado manejo por parte de las autoridades encargadas de lidiar con esta coyuntura. Según una investigación realizada por el diario británico Financial Times (2021) el país andino ocupa el primer lugar en cuanto a exceso de fallecidos, con más de 1,000 muertes en exceso por millón de habitantes, lo que ha llevado a que el Perú sea catalogado como el país con el peor manejo de la pandemia.

Como si esto no fuera suficiente, la crisis política que se viene arrastrando desde el año 2016 tuvo su punto más álgido en noviembre del 2020, en plena crisis por la pandemia. Las constantes confrontaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, mismos que no fueron capaces de lograr consensos para fomentar una gobernabilidad efectiva, dieron como resultado la vacancia por parte del Congreso del entonces presidente Martín Vizcarra, invocando la causal de incapacidad moral estipulada en la Constitución, ello tras la difusión de una serie de audios que involucraban a Vizcarra en contrataciones irregulares y actos de corrupción. Tras la vacancia, el cargo presidencial fue asumido por Manuel Merino, presidente del Congreso. 

La decisión de vacar a un presidente en medio de una crisis sanitaria, económica y social, fue mayoritariamente repudiada por la sociedad peruana, ocasionando un descontento generalizado que fue evidenciado en la masiva movilización de la población, misma que dejó como resultado la violación de derechos humanos, la muerte de dos jóvenes presentes en las marchas, la renuncia de Manuel Merino y todo su gabinete y la renuncia de la Mesa Directiva del Congreso. “Así, el Perú estuvo durante casi todo un día sin presidente de la República ni presidente del Congreso. Dos de los tres poderes del Estado peruano quedaron sin líderes” (Jaramillo, 2021). Finalmente, se eligió una nueva Mesa Directiva presidida por el congresista Francisco Sagasti quien, consecuentemente, asumió el cargo de presidente de la República.

A tan solo tres meses de haber asumido la presidencia, un escándalo político azotó el gobierno de Sagasti. La ex ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, declaró haber sido vacunada, junto con ello se descubrió también las vacunaciones irregulares de la Ministra de Salud, Pilar Mazzetti, del ex presidente Martín Vizcarra y de una larga lista de funcionarios y personalidades destacadas. Dicho escándalo, conocido como «Vacunagate» , dio la vuelta al mundo y evidenció, una vez más, la inmoralidad de las autoridades, que conlleva a actos de corrupción, y la fragilidad estructural de las instituciones peruanas, acrecentando la crisis política.

Condiciones que el nuevo gobierno debe generar para dar una gobernabilidad adecuada al Perú

Para restaurar la gobernabilidad en el Perú, es necesario que el nuevo gobierno elegido construya ciertas condiciones que se basan en lo observado durante este periodo prolongado de crisis política desde el 2016, así como en la coyuntura actual de crisis sanitaria, social y económica.

 La primera condición que el nuevo gobierno debe generar es la construcción de consensos entre los diversos actores políticos y sociales del Perú, principalmente con los partidos políticos con representación en el Congreso de la República, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el sector empresarial y la sociedad civil. 

Considerando las causas de la inestabilidad política explicadas en la parte superior, es claro que para alcanzar la gobernabilidad el poder ejecutivo y el poder legislativo deben construir lazos de diálogo, lo cual será un gran reto para el nuevo gobierno pues, de acuerdo a las últimas encuestas publicadas, aproximadamente 12 partidos obtendrían una bancada en el próximo Congreso, no conformándose una mayoría entre los 130 parlamentarios (Castro, 2021). Esta situación se agrava si se tiene en consideración que, como ya se explicó, en el Perú los partidos políticos se caracterizan por la poca cohesión ideológica, la falta de estructura orgánica y un liderazgo personalista lo que resulta en la constante actuación individual de los congresistas, siendo así que el nuevo gobierno deberá construir alianzas en el contexto de un congreso fragmentado con parlamentarios que persiguen intereses particulares contrapuestos. De no lograr generar consensos con el parlamento, el gobierno se enfrentará a actitudes obstruccionistas que lo obliguen a hacer concesiones significativas a varios partidos políticos y/o parlamentarios de forma individual para evitar que el poder legislativo adopte decisiones que contravengan los objetivos del poder ejecutivo o incluso ocasionan la abrupta salida de miembros clave del gobierno.

 Además de construir consensos con los partidos políticos, el nuevo gobierno deberá mantener relaciones de comunicación y coordinación constante con otros actores relevantes en la agenda nacional, como lo son los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el empresariado y la ciudadanía, pues en los últimos 5 años ha quedado demostrado que ante graves disrupciones en las vinculaciones entre el ejecutivo y legislativo, la posición de estos actores es determinante para la prevención y gestión de exacerbaciones políticas. Estos actores tienen la capacidad de –en caso actúen en mayoría en una dirección determinada–, alentar a ambos poderes a disminuir las tensiones, evitar la adopción de decisiones que agraven la situación de inestabilidad e incluso obligar a las partes a retroceder en sus decisiones. En caso el nuevo gobierno sea incapaz de obtener el respaldo de estos actores o, en el peor de los escenarios, sea rechazado por éstos, ante aquellas situaciones de crisis que puedan surgir, no contará con la legitimidad necesaria para adoptar las medidas requeridas.

Una segunda condición para restaurar la gobernabilidad en el Perú es la formulación de una política de gobierno viable, que contenga las propuestas presentadas a los electores, con énfasis en la pandemia de la Covid-19, la reactivación económica y la inclusión social, debido a que la presentación de políticas públicas sólidas y bien estructuradas generan un clima de previsibilidad que contribuye a la estabilidad en el país. Las mencionadas áreas deben ser priorizadas por el nuevo gobierno teniendo en consideración que, de acuerdo al informe publicado por IPSOS titulado “What Worries the World” los temas de mayor preocupación para la población peruana son la pandemia, la corrupción financiera y política, crimen y violencia, desempleo, educación, desigualdad social y sanidad (Ipsos Public Affairs, 2020). 

Esto se presenta como un desafío pues en varios de los planes de gobierno de los candidatos, las especificaciones y el alcance de las propuestas son insuficientes, existiendo una falta de detalle en cuanto a los objetivos, el plan de acción y el financiamiento, no pudiendo calificarse estas como viables. Asimismo, muchas de las propuestas presentadas por los partidos políticos no son pertinentes, debido a que para llevarlas a cabo se exceden competencias, asumiendo tener la atribución de funciones que en realidad corresponden a otras entidades del Estado (El Comercio, 2021). Es así que, el nuevo gobierno afrontará graves obstáculos para la rápida formulación de una política de gobierno coherente, pues lo presentado por los diversos partidos no responde a las exigencias de realizar una previa investigación cuantitativa y cualitativa de los temas más relevantes de competencia del Estado, ni el seguimiento de la guía referencial del Jurado Nacional de Elecciones, pese a que la metodología precisa la realización de un estudio de la realidad regional, provincial o distrital, el planteamiento de objetivos y metas durante el periodo de gobierno, la identificación de problemas y la justificación de estos, y por último las propuestas para solucionarlos.

Ante la falta de viabilidad de los planes de gobierno, diversas instituciones han creado iniciativas como “Perú Debate 2021”, donde se presentan 20 propuestas de políticas públicas, a ser tomadas en cuenta por el nuevo gobiernos, que hacen énfasis en 4 áreas prioritarias: reforma del Estado y gestión pública; políticas sociales; desarrollo productivo y empleo; y desarrollo y ambiente (Perú Debate 2021, 2021), siendo este insumo de gran relevancia para la formulación de una política de gobierno viable que responda a las necesidades generadas por la crisis sanitaria, económica, social y política que atraviesa el Perú.

Como última condición, y relacionada con la segunda, es necesario que el siguiente gobierno plantee una firme política de lucha contra la corrupción, que es entendida como el abuso de un poder que ha sido encomendado para obtener beneficios particulares en perjuicio del interés público (Quiroz, 2013). La lucha contra la corrupción debe ser un ámbito prioritario para el nuevo gobierno pues este fenómeno es un flagelo que afecta la gobernabilidad del país, desde incluso antes de su independencia, lo cual se observa en que, como ya se mencionó, hoy en día todos los ex presidentes peruanos con vida están siendo procesados por la justicia por casos de corrupción, y el detonante de los momentos más graves de crisis política en los últimos 5 años ha sido la revelación de presuntos actos de corrupción cometidos por altos funcionarios del gobierno. Incluso, en la gestión de la pandemia de la Covid-19 la corrupción no ha podido ser mitigada, evidenciado previamente ya en este artículo, tanto a nivel nacional como subnacional, observándose casos de vacunación irregular de funcionarios y adquisición inadecuada de pruebas de descarte de la Covid-19, que han desestabilizado aún más la gobernabilidad en el país.

El nuevo gobierno debe tener en consideración que para combatir la corrupción es necesario un trabajo en todas las esferas de la sociedad, abarcando transparencia y acceso a la información pública; libertad de expresión; sistema de justicia efectivo; reforzamiento de instituciones que luchen contra la corrupción; y educación integral. En este sentido, como paso inicial, el siguiente gobierno debe implementar medidas que garanticen que todo acto de la administración pública sea transparente y fiscalizado. Por otro lado, en lo que respecta al sistema de justicia, se debe garantizar la independencia de los poderes del Estado, por lo que es necesario la garantía del respeto al debido proceso y que no exista ninguna interferencia en las investigaciones fiscales. Asimismo, se deben fortalecer las instituciones públicas y órganos que se encargan de fiscalizar la administración pública y garantizar la independencia de su funcionamiento, principalmente en lo referente a la Contraloría General de la República. Finalmente, considerando que, como señala Grau León (2020), en el Perú se han aprobado una diversidad de normas con la creencia errónea que es de esta forma que se puede evitar o controlar los actos de corrupción que ocurren en casi todas las instancias de la administración pública. Por tal motivo, siendo prácticamente imposible determinar su origen, sí se podría evitar su prolongación en la sociedad cambiando nuestros hábitos negativos y conductas, dado que todo lo que realiza el hombre es por hábito. En vista a ello y a fin de superar los problemas que afligen a la sociedad, es que resulta necesario conformar hábitos positivos desde niños mediante la educación e instrucción, pues si no se enseña a ser diligentes, honestos y veraces, el Perú seguirá portando el ancestral estigma incaico del Ama Sua, Ama Kela y Ama Llula.

Conclusiones

No cabe duda que la crisis política del Perú tiene su origen en una serie de factores tales como la ausencia de partidos políticos y la corrupción enquistada en las instituciones peruanas y las autoridades que las conforman, sin embargo, esta se ha visto intensificada por los acontecimientos ocurridos el pasado 2020, develando una fragilidad estructural difícil de erradicar y una ineficiencia generalizada por parte de los funcionarios sumergidos en constantes conflictos de intereses personales, dejando de lado los intereses de la población del Perú.

Finalmente, para restaurar la gobernabilidad en el país el nuevo gobierno debe construir consensos fundamentalmente con los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República, así como con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el sector empresarial y la sociedad civil. Además, se debe formular una política de gobierno viable con énfasis en la pandemia de la Covid-19, reactivación económica y inclusión social, para establecer los lineamientos generales del accionar gubernamental durante los siguientes 5 años. Finalmente, se debe plantear una firme política de lucha contra la corrupción, considerando que este flagelo ha sido el principal detonante de los momentos más álgidos de la crisis política desde el 2016.

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