Por: Andrea Del Pilar Naranjo Morales[1]
Las conversaciones en la Habana han permitido entender la necesidad de asumir la paz como un concepto integral y así mismo entender el conflicto como un concepto multidimensional en el que la versión armada es tan solo una de sus manifestaciones.
La mesa de negociación que inició formalmente el 17 de octubre de 2012, luego de más de 6 meses de acercamientos exploratorios[i], implica no solamente el cese del conflicto militar que aqueja la realidad colombiana desde hace más de 60 años; los puntos acordados abordan de manera trasversal los elementos más relevantes generadores de los procesos subversivos, veamos:
- Tierra entre el despojo y la reparación:
La “Reforma Rural Integral” concertada en la Habana, se focaliza en tres ejes: En el primero de ellos con el rótulo de acceso y uso de la tierra, con el objeto de legalización de la propiedad, se plantea la creación de un fondo de tierras para la paz que incluya sistemas eficientes de acceso a los procesos de adquisición territorial y la utilización de tierras baldías; en segundo lugar, el ítem de política pública regula los procesos de planeación y aplicación de políticas Estatales rurales, así, aspectos como la salud, agua potable vivienda y educación rural serán intervenidos en procura de la reactivación de la economía campesina, incluyendo las zonas de reserva campesina y las zonas de especial protección ambiental. Finalmente el acuerdo pretende incidir directamente en el logro de seguridad alimentaria, brindando facilidades para producción de alimentos y mejoras en la nutrición para la erradicación del hambre.
- Solución al problema de las drogas ilícitas: Cultivos Ilícitos y Narcotráfico
En este punto, los acuerdos se concentran en la elaboración concertada de planes de manejo, sustitución de cultivos y recuperación ambiental de las áreas objeto de cultivo ilícito, junto con la asunción de la adicción como un problema de salud y no como un delito; sin embargo es cardinal iniciar paralelamente el debate hacia la legalización de drogas o al menos la fijación de la posición del Estado en el tema de usos medicinales de algunos componentes psicoactivos.
- Participación Política
Uno de los grandes escollos generadores de conflicto constituyen las barreras históricas a la participación y la representación de amplios sectores poblacionales en los cargos de poder Estatal[ii], el compromiso debita medidas de seguridad y garantías legales a la oposición, sin olvidar el papel fundamental que juega apertura social hacia nuevas perspectivas que permitan la inserción política de un grupo acostumbrado a disentir tras los fusiles.
- Encuentro Víctimas y victimarios
Como no podía ser de otra manera la concertación integró a las víctimas, varios representantes afectados por todos los actores del conflicto buscaron de manera directa incidir en los acuerdos, fruto de dicha reunión se produjo la «declaración de principios para la discusión del punto cinco de la agenda», en la cual se fijaron diez puntos entre los que resalta no solamente su reconocimiento por los actores armados, sino su restablecimiento como sujetos de derechos, traducido en participación hacia el esclarecimiento de la verdad de los hechos y la garantía de no repetición traducida en políticas públicas resarcitorias.
- Fin del Conflicto y Refrendación de los acuerdos
Los dos últimos puntos representan la ejecución real de los acuerdos, el primero de ellos la construcción de medidas de “desescalamiento” hacia el cese total de operaciones militares, un paso necesario para acercar a los ciudadanos a las nuevas realidades del “post-conflicto”. Finalmente, con miras a la refrendación es indispensable una discusión más amplia que vincule junto con los directos implicados en el combate a la sociedad toda que en últimas será la afectada directamente por los compromisos, la pedagogía de la paz, la asunción de nuevos marcos de referencia sobre la política Colombiana y la posibilidad de un nuevo contexto sin conflicto debe ser un aprendizaje necesario para los ciudadanos junto con una estricta y clara reglamentación que incluya medidas ante el incumplimiento de los acuerdos, en suma que la paz se traduzca en políticas públicas efectivas más allá de la utopía.
NOTAS
[i] Véase documento de inicio del acuerdo general para la terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera disponible en https://www.mesadeconversaciones.com.co
[ii] Véase en este sentido Leopoldo Múnera Ruiz. Génesis de los movimientos populares colombianos. Departamento de Ciencia Política .Universidad Nacional de Colombia. Lovaina-la Nueva, abril de 2007
[1] Investigadora independiente y Abogada e Universidad La Gran Colombia, con especialización en Derecho Constitucional Universidad de Nuestra Señora del Rosario, Colombia y Maestría en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. Candidata Doctorado en RRII iberoamericanas Universidad Rey Juan Carlos Madrid. España. urjc.academia.edu/AndreaNaranjoMorales
