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Por: Gerardo Bernal Gamboa

Abogado – Especialista en Derecho Minero y Petrolero

directorgeneral@bernalpartners.com

Mientras en la Habana Cuba, el presidente Juan Manuel Santos anunciaba que en seis meses se firmaría la paz, sectores como el minero no logran ubicarse en el concierto nacional, toda vez que, hace pocos días los medios de comunicación registraron un choque entre el ministro Tomás González y la presidenta de la Agencia Nacional de Minería Natalia Gutiérrez, situación que al parecer ocasiono la renuncia de la alta funcionaria; escenario que preocupa al sector, ya que la minería juega un papel determinante en el posacuerdo.
Dicha preocupación encuentra sustento, en las altas cifras de participación en el negocio minero, por parte de los grupos armados al margen de la ley, así lo evidencia el documento CONPES 3799, “ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” (2014) en el cual “se estima que el 63% de las minas del país no cuentan con el título minero correspondiente; en Cauca, la cifra se eleva al 87,5%. Este alto grado de ilegalidad es preocupante principalmente por el impacto ambiental de la explotación ilegal, su relación con la presencia de grupos armados al margen de la ley, las malas condiciones laborales de los mineros y una ausencia de tecnificación y escasa asistencia técnica que ha derivado en el deficiente aprovechamiento minero y en un progresivo deterioro de los recursos naturales renovables”

En tanto, la Contraloría General de la República, en su escrito “LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE RECURSOS MINERALES EN COLOMBIA” (2015) sostiene que “Las personas involucradas en el problema de la minería ilegal constituyen un muy amplio y heterogéneo grupo de personas, nacionales y extranjeros, que pertenecen a comunidades conformadas por campesinos, indígenas, población negra, desempleados, colonos, grupos al margen de la ley. Las pretensiones van desde la sobrevivencia hasta el enriquecimiento, como también el mantenimiento de grupos insurgentes.”
Lo anterior cobra mayor relevancia, si se tiene en cuenta que, según datos de la Defensoría del Pueblo “Impacto de la minería de hecho en Colombia” (2013) se estableció “Al menos 15.000 familias viven de las minerías de hecho o no legalizadas del país”, lo anterior se refleja en el llamado que la Procuraduría General de la Nación, realizó el pasado mes de junio al ministerio de minas, en el que resaltó “Los procesos de legalización que ha adelantado el Estado hasta la fecha han resultado poco exitosos lo que podría atribuirse, en parte, al establecimiento de condiciones y requisitos de difícil cumplimiento, además de que no reflejaron integralmente la realidad de la actividad minera tradicional en el contexto de cada región. ” de ese rezago en los trámites, no escapan las compañías mineras que han venido padeciendo el estancamiento de cientos de solicitudes.
Visto este panorama es necesario proyectar hacia donde debe ir este sector en época de posacuerdo, imaginemos entonces esos escenarios de futuro, donde lo minero en lugar de ser un generador de conflictos, se convierte en eje de desarrollo en lo rural con énfasis en el crecimiento económico y de armonía social.
Surge al respecto, la conveniencia de integración de dos sectores que hoy han sido olvidados, “agrario y minero”, a quiénes se señala como generadores de riqueza ilegal, por su parte el agro olvidado por siempre, pasó al cultivo ilegal, por otro lado la minería llamada ilegal que permitió que las grandes riquezas del subsuelo colombiano se fueran del país sin que su beneficio tocara por simple ubicación, a quiénes se dedicaban a la extracción por demás peligrosa de minerales; a los dos hoy se les denomina ilegales y están siendo perseguidos por la justicia colombiana.
Me refiero a una alianza exitosa que surja de la integración de estas dos, implementemos estrategias contundentes donde, Campesino y Minero, fijan un curso de acción para poner a producir estos sectores en forma conjunta y con protocolos claros de protección ambiental, de forma que lo primero que se erradicará será lo ilegal: no cultivos ilícitos y no extracción ilegal; hablaremos entonces de un ejercicio conjunto, por un lado, los mineros serán proveedores de recursos para lo agrario, y los campesinos proveedores de bienes y servicios para lo minero, obligatoriamente una familia no podrá tener dedicación exclusiva a una sola de estas actividades, lo cual permitirá que haya interrelación, interdependencia, integración y corresponsabilidad en el desarrollo económico de ambos sectores, y en la protección del medio ambiente, propendiendo por el fortalecimiento del agro como actividad sostenible y sustentable; encontrando coherencia con el acuerdo llegado en la habana, particularmente el punto 1 “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”; situación que no puede ser exclusiva de la sociedad colombiana, requiere indiscutiblemente de la participación activa del Gobierno, entidades, compañías mineras, y lo más importante, el concierto internacional para proteger el medio ambiente.

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